Corrupción en Argentina

A raíz de numerosos comentarios recibidos respecto de nuestro articulo anterior, que cuestionaba la inclusión hecha de Argentina por el PNUD entre los paises de desarrollo humano alto, hemos considerado avanzar en las causas de fondo del problema e introducir algunas precisiones con la finalidad de resaltar las ideas expuestas y facilitar su traducción en propuestas de cambio factibles y adaptadas a nuestra realidad.

* El principal problema social argentino es la formidable proporción de carenciados, que se expresa en los quince millones de "pobres" y cinco millones de "indigentes", clasificados como tales a partir de estrechas líneas de ingreso individual inferiores a 3.5 dólares/día, para la pobreza y a 1.3 dólares/día, en el caso de la indigencia.
* A pesar de las limitaciones existentes es factible lograr que muchos de aquellos que hoy sufren serias carencias puedan vivir sustancialmente mejor y tener una calidad de vida similar a la de algunos paises europeos que nos deslumbran, como España.
* Para alcanzar ese grado de desarrollo no es necesario esperar a crecer y duplicar o triplicar el PBI. Existe un atajo que pasa por la mejora en la distribución de ingresos. Si la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos lograra reducirse al nivel de España no habría indigentes y disminuiría notoriamente el número de pobres.

¿Qué tiene España que no tiene la Argentina? ¿Qué explica la desigual distribución de ingresos en ambos paises? ¿Cómo reducir las irritantes brechas en el corto plazo?

Hay dos grandes líneas de interpretación. Para unos el problema reside en que el Estado no cuenta con los fondos necesarios para paliar la situación de los más postergados, mientras que para otros hay recursos suficientes pero no llegan a quienes deberían llegar. En un caso la situación se corregiría aumentando la recaudación, incrementando la presión impositiva y/o reduciendo la evasión fiscal, mientras que en el otro el énfasis debería estar puesto en un cambio de prioridades y mejorar la eficiencia del sector público.

En verdad no es poco lo que se recauda en Argentina, ya que el sector público consolidado, que comprende las diferentes instancias de gobierno (nacional, provinciales y municipales), captura más de una cuarta parte del PBI. Con sólo limitar ciertos privilegios y reducir la evasión la recaudación fiscal podría alcanzar a un tercio del producto bruto interno.

¿Es esto suficiente para llevar adelante una efectiva lucha contra la exclusión y mejorar la distribución de ingresos? En principio si, siempre que una porción importante pueda llegar a quienes lo necesitan.

Teóricamente es factible eliminar la pobreza extrema de nuestro país con los recursos existentes, canalizando hacia los más postergados un diez por ciento del total de la recaudación pública, es decir, el equivalente de menos de 5 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, esto resulta fácil de enunciar pero difícil de ejecutar pues implica sanear el gasto público y reasignar fondos con otros criterios, afectando intereses particulares y corporativos que hacen de la corrupción su razón de ser.

La corrupción criolla

En Argentina "corrupción hubo siempre" y no es necesario hacer un recuento de casos y circunstancias para advertir el alto grado de descomposición del sector público, tanto a nivel del Estado nacional como de las provincias y municipios. Un cómplice necesario de esta conducta criminal suele ser el empresario corruptor, constituyendo el fenómeno tan bien ilustrado en el lenguaje popular como "patria contratista".

Dos factores resultan particularmente llamativos y preocupantes en el caso argentino. Por un lado, que bajo gobiernos constitucionales y administraciones civiles la corrupción y su factor estimulante, la inmunidad de corruptores y corruptos, no se haya detenido. Por otro, que la implementación de reformas que perseguían erradicar la corrupción estructural a través de la llamada "transparencia del mercado" fue un estimulo antes que un freno.

Una reciente investigación realizada por cuatro organizaciones no gubernamentales asociadas en el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), estima en 10.000 millones de dólares el costo social producido por la corrupción y otros delitos económicos desde el retorno de la democracia en Argentina. El informe, elaborado sobre la base de un relevamiento de 750 causas penales de distintas jurisdicciones, también señala que en sólo el 3 por ciento de las causas analizadas hubo algún tipo de condena.

Reflexiones finales

La postulación del crecimiento como condición previa y necesaria a la distribución ha sido desmentida por los hechos y perdido vigencia en el debate del desarrollo. Sin ir tan lejos, días atrás en la presentación del Informe sobre Desarrollo Mundial 2006, que lleva por título "Equidad y Desarrollo", el economista jefe del Banco Mundial reconoció que "existe una complementariedad entre equidad y crecimiento económico... y que... al generar mayor equidad, podemos generar una sociedad más eficiente".

En otras palabras, un país como el nuestro que cuenta con recursos e ingresos suficientes, puede ya mismo mejorar el bienestar de su población sin necesidad de esperas ni de promesas futuras y convertirnos en una nación con verdadero desarrollo humano "alto", como España. Para ello deberíamos cambiar el actual patrón de distribución de ingresos. Los recursos están en las arcas públicas, el resto es decisión política animada de criterio solidario y transparencia. El principal obstáculo reside en la administración criminal y antisocial de esos fondos.

La corrupción repercute negativamente sobre la distribución de ingresos a través de, al menos, tres mecanismos: estimulando la evasión, restando prioridad a la atención de los sectores postergados e impidiendo que estos lleguen donde corresponde. Aumentar los recursos públicos sin modificar el patrón corrupto de administración es estimular la matriz mafiosa y consolidar el sistema prebendario y excluyente existente.

La experiencia internacional muestra que puede haber desarrollo con más o menos mercado pero nunca con altos niveles de corrupción pública. El Estado, tanto por su rol irremplazable de componedor y orientador de los diferentes sectores e intereses, como de generador y movilizador de recursos, puede ser un instrumento fundamental para promover el desarrollo equitativo, pero no podrá cumplir adecuadamente estas funciones si quienes ejercen cargos de responsabilidad los usufructúan en beneficio propio, de empresas o corporaciones.

Por Alberto Pontoni. Octubre 2005