Estado, economía y dólares

En términos generales podemos decir que la evolución de la economía no ha dejado de moverse dentro de los carriles que impone esta suerte de pragmatismo intervencionista en que nos movemos. Los indicadores económicos muestran un crecimiento que ha sufrido una cierta desaceleración luego de alcanzados los niveles del año 1998, ante la necesidad de nuevas inversiones para las cuales el gobierno aplica medidas de lo más variadas e imprevistas, pero siempre dentro de ese afán de correr detrás de lo que anda mal para darle un grado de entonación, para luego ir sobre los aspectos que sufren alteraciones como consecuencia de haberse intentado un remedio para los primeros.

El ejemplo más claro de lo que decimos es sin duda el problema energético, dado que la falta de negociación de los contratos con las llamadas “privatizadas” ha derivado en exceso de consumo y escasez, lo cual a su vez creó la necesidad de importar gas y fuel oil y también de reducir las exportaciones de gas a Chile de manera drástica.

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El Estado ha enmarcado su política económica dentro de un esquema de promoción de inversiones, tasas de interés diferenciales para Pymes y desgravaciones tributarias de diversa índole, con el objeto de logar así precisamente las necesarias inversiones de capital que favorezcan el crecimiento.

Como muchas veces hemos señalado, la necesidad de armar ofertas para poder vender un producto indica, claramente, que de por sí no se vende o no lo hace lo suficiente. De donde podemos fácilmente concluír que todos estos esquemas promocionales apuntan a incentivar inversiones que solas no vendrían jamás.

Podemos asegurar, si temor a error, que este mecanismo nos coloca en un mundo económico donde la certeza respecto de las reglas de juego no existe. Y donde además, el orden de los factores puede ser cambiado con una rapidez notable. Baste también como ejemplo el siguiente: en los primeros tiempos que siguieron a la devaluación, el Estado dictó una serie de normas para obligar a exportadores a liquidar sus dólares de invemidato, a los importadores los obligó a presentar declaraciones de necesidades de importación, etc, todo con el objetivo de hacerse de la mayor cantidad de dólares posible. Actualmente, apenas un par de años después, el proceso se ha revertido absolutamente y el Estado busca por todos los medios que los exportadores demoren la liquidación de sus divisas, y que los importadores anticipen sus compras de dólares. Y así podríamos seguir.

Hace unos días, el Estado decidió restringir la llegada de los llamados “capitales golondrina” mediante el incremento del encaje (del 20 al 30%) no remunerado y del monto, que pasó de U$S 500.000 a U$S 1.000.000 por el término de un año por lo menos. El objetivo es evitar que tales capitales vengan a hacer diferencias con las impresionantes tasas en dólares que terminan pagando las Lebacs para luego “salir” rápidamente. De inmediato, parece ser que aparecieron empresas argentinas efectuando colocaciones en títulos prestando el nombre a capitales extranjeros. Esto no nos consta y no sabemos si al Gobierno sí, pero lo cierto es que como consecuencia de ello, la misma restricción señalada para no residentes comenzó a aplicarse también a los locales, con un monto tope mínimo de 2.000.000 de dólares. Es decir, en suma, que acá no hay manera de determinar razonablemente cuáles serán las reglas que regirán la semana próxima para el ingreso y permanencia de capitales, para las compras o ventas de divisas, para las colcaciones o retiros del sistema, etc.

Esto puede ser muy bienintencionado, pero es pésimo. Y además es consecuencia del intervencionismo en el mercado de cambios, porque la necesidad de mantener el dólar a valores cercanos a los $ 3.- es la que origina todos estos cambios. Atacar la consecuencia no parece ser nunca la solución.

Siguiendo con otros temas tenemos que probablemente los índices de precios no puedan ser sostenidos en niveles de 0,5% mensual, lo cual ya de por sí es bastante alto. En efecto, luego de los meses de mayor presión tributaria (abril y mayo) y llegado el aguinaldo, más bien parece que puede haber un incentivo importante a la demanda de bienes y servicios que seguramente repercutirá en los precios.

Normalmente se habla de aumentos “puntuales”. Subirá el pan, subirán las expensas, subirá el alquiler. La inflación es la suba generalizada de precios y eso es lo que está ocurriendo. A veces unos, otras veces otros. Pero todos, poco o mucho, van subiendo. Y los salarios también. Y los reclamos sindicales. Y los aumentos por decreto.

La desocupación ha bajado bastante pero no por debajo del 16 o 17% si tomamos como desempleados a los beneficarios del plan Jefes. Avanzar requiere inversiones, eso sin duda.

La suba del petróleo por encima de los 60 dólares y su altísimo precio al día de hoy deja margen al gobierno para obtener mayores valores absolutos por retenciones, ya que los hidrocarburos pagan el 45%. Ello ayuda al superávit del Estado, pero también torna complicadas las inversiones en el sector petrolero, por el afán del Estado de mantener el precios local de los combustibles.

Finalmente parece que se iniciará la negociación con el FMI, organismo que sigue solicitando mayor superávit, renegociación de los contratos con las “privatizadas”, sistema tributario razonable y sin distorsiones (como las retenciones a la exportación). A ello agrega ahora no seguir emitiendo moneda para comprar excedentes de dólares, lo cual provoca incentivos inflacionarios y suba de tasas (porque el Estado sale tomar el dinero emitido en forma de Lebacs), incluir a los bonistas que no adhirieron al canje de deuda, etc.

El año electoral y la suba del gasto público son otras dos importantes cuestiones a considerar. Porque es sabido que no se trata de algo imperceptible, por más que alguien quisiera disimularlo.

La tasa de crecimiento del PBI continúa en torno del 7%, considerando el arrastre, pero hay algunos analistas, que incluyen al propio Dr. Lavagna, que estiman un poco menos.

Y en materia de seguridad jurídica, a lo que ya señalamos debemos agregar que continúa el discurso agresivo y hasta descalificatorio cada vez que empresarios dicen algo que no le gusta al Poder Ejecutivo.

Y un elemento final que nos parece verdaderamente cuestionable: se ha señalado que el Gobierno no deolvería el dinero del plan canje de automóviles de los años 90, a menos que los empresarios del sector inviertan ese dinero en ampliar sus plantas o mejorar su producción. No era eso lo acordado, de manera que el cambio es simplemente una decisión unilateral que, si nos moviéramos con las expresiones presidenciales, equivaldría a una suerte de extorsión. Pero esencialmente de lo que se trata es de que una vez más no se h a cumplido un contrato. Y el silencio resultante nos parece más preocupante todavía, dicho esto con la mejor de las intenciones.

Buenos Aires, 30 de Junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
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