Derechos de Exportación de Soja

EL MODELO ES LA ARBITRARIEDAD

La decisión del Poder Ejecutivo de crear un Fondo Federal Solidario con parte del producido de los derechos de exportación de soja es una intervención más en dirección contraria a la resolución de los problemas planteados en el sector agropecuario

Las reuniones que ha venido celebrando la llamada Mesa de Enlace con los representantes del Poder Ejecutivo intentaron emparchar una situación que se ha tornado insostenible. Del lado de los ruralistas se ha buscado mantener un diálogo guardando las formas, mientras que de parte del Gobierno ha venido a jugándose a dos puntas (por no decir que a una sola) desde los albores mismos del kirchnerismo.

Sin el ánimo de hacer demasiada historia, baste recordar las prohibiciones de exportaciones de carnes y sus derivados, lácteos, trigo o maíz. La creación de sistemas de permisos de exportar puestos a disposición de funcionarios con poderes discrecionales y toda la gama de idas y vueltas en materia de devoluciones por fletes, cantidades, pesos, distancias a puerto y demás que intentaron llevarse a la práctica luego de la recordada sanción de la Resolución 125 en marzo del año pasado por parte del Ministerio de Economía.

A ello se suma la persecución sufrida a los productores en el mercado de Liniers, los topes en el kilaje de los terneros para faena (modificados una y otra vez) las ventas forzadas de hacienda de proveniencia militar, las clausuras a los consignatarios, la difusión de carteles publicitarios y los discursos acusando a los productores de avaros, golpistas, destituyentes, piqueteros de la abundancia y pillos entre otras lindezas como la recordada del ex ministro Lavagna, que llamó a los productores primates.

Hay mucho, muchísimo más, como la improvisación de la creación de feed lots para hacienda holando, por ejemplo. O aquel decreto anunciando que los fondos provenientes del remanente de retenciones a la soja (el yuyo ) serían destinados a hospitales, caminos y escuelas. De lo contrario no habría ninguna de las tres cosas, podríamos agregar.

Bien. Está claro y más que claro que el actual Gobierno no ha tenido la intención de ajustar sus números a la realidad socioeconómica que nos toca vivir. No se trata de salvar a nadie de culpas, nos apresuramos a decir, pero es obvio que se perdieron oportunidades increíbles y que los mercados cárnicos, de lácteos, y en general agrícolas han perdido contra nuestros competidores y no tanto, como es claramente el caso de Brasil y del Uruguay.

Nosotros venimos observando una dialéctica basada en el oportunismo político, en la chicana, en la búsqueda del agujero donde meter la frase justa para poder ganar la pulseada verbal mientras se deteriora seriamente la producción agropecuaria, encima afectada ahora por la sequía de la que estamos saliendo, con un perjuicio inconmensurable para el país todo.

Nos preguntamos a quién puede favorecer que la situación económica no se encamine hacia un desarrollo sostenido en un mundo pujante en el que se aprovechen las oportunidades, como lo hacen, justamente, nuestros vecinos. Nos preguntamos seriamente a quién ha de resultarle beneficioso no terminar de ponerse de acuerdo respecto de una política agropecuaria en serio, con reglas claras y previsibles, cualesquiera éstas sean, en lugar de tantas, tantísimas idas y venidas en torno de lo mismo. Las amenazas de volver a un I.A.P.I., los discursos con cajas destempladas del ex presidente respecto de lo que es bueno y lo que es malo para todos los habitantes de la Nación, las acusaciones y los insultos de todo tenor y calibre de funcionarios de rango medio, como el ministro del interior, o de diputados como el Sr. Kunkel o la Sra. Vaca Narvaja, por sólo citar algunos.

La verdad es que en términos económicos toda esta parafernalia a nuestro juicio surrealista no conduce a una mejora de la situación, sino a todo lo contrario. Apuntarse un poroto por ganarles de mano a los adversarios o viceversa no es una ecuación que cierre en términos de bienestar económico. Podrá cerrar políticamente para una elección, pero no significará jamás pasar a una situación mejor en términos productivos o de bienestar. Y la larga, claro está, el desastre será inevitable, como tantas veces nos ha ocurrido.

La última novedad fue la creación de un momento para otro, de este fondo llamado federal solidario, con el objeto de destinar un 30% de los recursos provenientes de los derechos de exportación de la soja.

Observamos un grado de improvisación y arbitrariedad crecientes en los anuncios presidenciales. Todo parece un intento de ganar de mano, de dividir al otro, de hacer los movimientos por sorpresa sin otra finalidad que posicionarse políticamente.

Obsérvese que el Fondo del que hablamos se crea sin contar el hecho de que la soja vale hoy la mitad que en su mejor momento en julio pasado. Y que además no se consideran los derechos de exportación de los demás productos primarios. La soja, el yuyo, es el principio y el fin de todas las cosas, al parecer.

Siempre es interesante leer los considerandos de estas normas tomadas al atardecer de un día cualquiera sin consultar a nadie más que a un círculo íntimo en general integrado por personas que desconocen supinamente el funcionamiento de aquello sobre lo que legislan. Veamos algunos:

Que con la finalidad de asegurar el máximo de valor agregado en el país para obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, para promover, proteger y conservar las actividades nacionales productivas de bienes y servicios, los recursos naturales, las especies animales y vegetales; para la estabilización de los precios internos a niveles convenientes y mantener el volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, propiciar la redistribución de ingresos de actividades favorecidas hacia otras que lo son menos y atender las funciones fiscales; el Estado Nacional ha establecido derechos de exportación a determinados productos.

Si nos tomamos el trabajo de leer lo que podríamos llamar la plataforma política del año 2003, podremos comprobar que las retenciones a las exportaciones eran un impuesto distorsivo necesario durante la emergencia para intentar paliar los efectos, justamente, de la crisis, con la promesa de su eliminación a la brevedad posible. Este considerando no hace referencia a nada de eso, como se ve. Queda a cargo del Poder Ejecutivo determinar qué actividades son favorecidas, cuáles no, cuándo, cómo y en qué proporción, etc.

Que en ese orden, adoptamos esta medida para crear un FONDO FEDERAL SOLIDARIO que tenga por destino financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.

No queremos cansar a nuestros amables lectores con estas transcripciones, pero no podemos dejar de comentar éste considerando en particular. La financiación a la que hace referencia este párrafo es prácticamente la misma que la del decreto según el cual el Poder Ejecutivo iba a destinar los excedentes de retenciones surgidos de la Resolución 125, cosa que se frustró como consecuencia de lo ocurrido en el Senado, que es de todos conocido. Cabe preguntarse por qué razón durante todos estos meses no se hizo esto, y también por qué razón eran necesarios ingresos adicionales provenientes de las retenciones móviles para hacerlo hace apenas unos meses, cuando la situación internacional era absolutamente mejor que la actual, y ahora no hacen falta tales recursos. O también por qué ahora puede disponerse del 30% de los fondos provenientes de estas retenciones y antes, cuando la soja valía el doble, no. Todo esto es incomprensible.

Lo que no es incomprensible es que las provincias están en su mayoría con la soga al cuello en materia financiera y que la situación se ha tornado insostenible. También es rigurosamente cierto que esta suerte de coparticipación crea en gobernadores e intendentes un verdadero conflicto de intereses, como consecuencia de que ahora recibirán recursos (al menos promesas de ello) y no será simplemente que el Estado Nacional se los quite vía retenciones. En otras palabras: los ruralistas no podrán cargar contra sus diputados y senadores como venían haciéndolo, porque ahora al menos una parte del dinero, un resto, les volverá.

Pero es un resto, insistimos. Porque justamente los derechos de exportación el gobierno considera que no son coparticipables en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución (lo dice específicamente otro de los considerandos).

Es la soja y es el 30% porque la señora presidenta, su marido y su grupo íntimo han considerado que así está bien. Podría haber sido otro número, otros productos, algunos, todos o ninguno. La señora presidenta y su marido, más tres o cuatro personas más, lo decidirán. O lo cambiarán esta noche, o mañana. O no.

Mientras tanto, desde la O.N.C.C.A. otros funcionarios deciden si alguien puede exportar, cuánto, cuándo, cómo, en qué condiciones.

Y otros funcionarios deciden cuál será la inflación de cada mes a informar por el IN.D.E.C. Y cuál la desocupación, o el índice de pobreza. O lo que fuere.

Estamos realmente en el reino de la arbitrariedad. Los diputados que acaban de votar el adelanto de las elecciones simplemente fueron a levantar la mano porque así se lo ordenaron, como lo hicieron todos estos años. El problema está en que la oposición está cada vez más unida y junta más gente. Por eso la intención de sesionar para tratar el tema de las retenciones juntó nada menos que a 109 diputados, una cifra muy grande y cercana a los 129 necesarios para tener quórum. Y esto, dicen no pocos analistas, asustó al matrimonio presidencial.

Es muy probable que así hubiera ocurrido. No lo sabemos. Pero queda en el aire la sensación de que algo de eso hubo.

Nos cabe decir, a modo de reflexión, que esta medida con toda seguridad no será de cumplimiento efectivo, como no lo han sido tantas medidas tomadas de apuro especialmente durante el gobierno de la señora Cristina Fernández.

El colofón de todo esto es que los ruralistas no se ven beneficiados con esta curiosa medida. Y cuando algunos ministros han salido a mencionar días pasados cuántos fondos habían sido destinados al sector como producto de la emergencia agropecuaria, resultó cuando menos grotesco oír las cifras. Dos mil millones de pesos en números redondos, para una producción primaria que supera en grandes rasgos anualmente los 150 mil millones, con retenciones que llegaron a cifras inusitadas, del orden de los 40.000 millones de pesos. Y encima el dinero devuelto está considerado en la vieja ley de emergencia agropecuaria, y que el gobierno no hizo más que avanzar en su cumplimiento.

Al momento de concluir estas líneas, nos enteramos de que un nuevo paro de actividades se iniciará esta noche por una semana. Los dirigentes hablan de lo alentar cortes de rutas, y piden a los funcionarios que no los alienten tampoco con declaraciones insultantes como suelen hacer.

La verdad es que insistimos en señalar nuestra desazón. Ayer mismo estaba cortado el puente Pueyrredón por un grupo piquetero, pero los funcionarios se quejaban de los cortes de ruta de sectores del campo. Distinta vara para medir lo mismo, tal como lo ha señalado de manera desfachatada el propio presidente del partido justicialista en más de una oportunidad.

Esperemos que finalmente todos y cada uno de los actores de esta tragicomedia, que en definitiva somos todos, hagamos algo por mejorar esto. Hay que terminar con la arbitrariedad y volver al Estado de Derecho, si es que alguna vez verdaderamente existió.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009

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