Gasto Publico

En el presente año electoral la suba del gasto público ha alcanzado ribetes jamás logrados. Todo parece estar dirigido a apuntalar la continuidad política del gobierno. No resulta realista no tomar en cuenta el inmenso costo que tal política requiere.

La modificación al Presupuesto Nacional establecida mediante decreto de necesidad y urgencia por el Presidente Kirchner constituye un verdadero baldón a cualquier argumento de prudencia y moderación que el más imparcial de los observadores pudiera efectuar. Un incremento del 12% sobre el presupuesto original, es decir una cifra de $ 14.219 millones de pesos no es una nimiedad ni mucho menos. O fallaron seriamente las previsiones, o alguna calamidad ha torcido el rumbo de la realidad de manera decisiva.

Podríamos decir que un poco de cada cosa, pero en el concepto de calamidad no podemos dejar de incluir el electoralismo. Según la información conocida, $ 2.735 millones serán destinados a cubrir los efectos de la crisis energética, $ 1795 se utilizarán para subsidiar al transporte de pasajeros. El total del incremento para gastos corrientes y de capital de la mayoría de los ministerios alcanza los $8.926 millones, el resto, o sea $ 5.924 millones, se utilizarán para reforzar aplicaciones financieras (fondo de garantía del Anses para el sistema de reparto, financiamiento del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial) y atención de obligaciones del Tesoro. Se prevén $ 11.086 millones que saldrán de la mayor recaudación por sobre lo previsto, y $ 3.134 millones provendrán de un mayor endeudamiento.

Si pensamos que el presupuesto original contiene premisas inflacionarias en porcentajes estimados entre el 7 y el 11%, tenemos un panorama bastante claro de hacia dónde vamos. En verdad, la reasignación de recursos tiene que ver también con la modesta previsión de crecimiento para este año incluida en el Presupuesto (4%). Por tal razón, los ingresos disponibles son bastante mayores a los previstos. En verdad nadie esperaba otra cosa políticamente hablando.

Pero sí era esperada por todos los entendidos la crisis energética, del mismo modo que era esperada la gran cantidad de nuevos jubilados producto de la moratoria o el incremento del gasto por los problemas inflacionarios que el gobierno insiste en negar. La parte política es de sobra conocida, la nueva política es tan vieja como siempre, aunque hoy cuenta con más caja. Y tal caja se utiliza con fines electorales como lo sabe todo el mundo.

El segundo retoque en los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias se agrega a los ajustes de sueldos acordados por los distintos gremios. A ello se suma la mejora en las asignaciones por hijo y el incremento de las jubilaciones. Como se sabe, estos ajustes, aunque necesarios, deseados y esperados, exacerban el consumo y presionan sobre los precios ante la falta de oferta. Es decir recalientan la economía, como se dice habitualmente. A esto el gobierno le contrapone prohibiciones de importación, controles de precios, modificaciones en el sistema de medición de la inflación por parte del INDEC y las consabidas acusaciones a sectores supuestamente enemigos del bienestar general. También le contrapone la persistente búsqueda de nuevas inversiones mediante promociones de diverso tipo, en las cuales parece haberse enfrascado en nuevo ministro de economía.

Al mismo tiempo, los intentos de aplicación de la ley de Abastecimiento, las amenazas a directivos de la petrolera Shell nada menos que con prisión, las intervenciones en el mercado de carnes, extendidas a otras actividades cada vez que el abastecimiento o los precios no siguen el curso esperado por el gobierno, marcan una insólita incongruencia entre ser y parecer. En el caso de la petrolera, además, no hay analista que no hable de un particular ensañamiento, para colmo injustificado, lo que derivará seguramente en gravosos juicios que deberá afrontar el Estado en el caso de que la empresa tenga razón.

El ministro Peirano se muestra particularmente agresivo hacia quienes no comparten el criterio estatista que lleva adelante el gobierno, y se muestra decididamente proclive a suponer que el intervencionismo es la panacea según la cual el éxito económico será una realidad, convencido como está que lo que no hacen los mercados, lo harán los funcionarios con el dinero recaudado por la administración y también por el habido vía inflación, que como se ha dicho hasta el cansancio es el más injusto de los impuestos. Se ha reemplazado en la Argentina del nuevo milenio, aquella rabiosa crítica al endiosamiento del mercado por el endiosamiento del intervencionismo. Lo que la gente, la población, las empresas, la globalización o lo que fuere no hacen como el gobierno quiere, lo harán Peirano, Moreno y los Fernández. Tamaño dislate la verdad es que excede largamente un intento analítico serio. Pero deja sí una reflexión de base y de fondo: la agresividad, la prepotencia y la soberbia de ninguna manera contribuirán a generar ese clima de negocios del que siempre se habla. La seguridad jurídica (prácticamente inexistente) no se logra con acusaciones vacuas y en muchos casos decididamente groseras.

También es absolutamente cierto que el silencio de prácticamente todo el arco empresarial (y de buena parte de la comunidad política también) sobre la evidente discriminación que viene efectuándose en contra de la empresa Shell, no puede estar fundamentado en otra cosa que en el temor a caer en la misma bolsa y ser privado de privilegios y subsidios para emprender inversiones. Es decir que por un lado nadie quiere perder sus prebendas, y por el otro nadie invertirá un peso sin ellas. Peor imposible.

Sigamos pues con otros temas: ¿están los nuevos jubilados entre quienes figuraban en las encuestas del Indec como desocupados y ahora ya no lo están? No es un tema menor, ya que se han incorporado al régimen jubilatorio algo así como 1,2 millones de personas, que según las normas de la propia ley que sancionó la moratoria, debían estar desocupadas hacia fines de 2005.

Si consideramos que el porcentaje de desocupados hoy por hoy es del orden de 1,4 millones de personas, la baja en los índices de desempleo tendría algo que ver con esto. Por supuesto que se incorporan nuevos demandantes de empleo al mercado y demás. Pero lo que intentamos reflejar con este comentario es que no siempre la modificación del índice tiene que ver con la generación de nuevos empleos únicamente.

Al parecer el sindicalismo de ATE ha llegado a un acuerdo con el gobierno para sanear el INDEC y elaborar índices corregidos y ajustados a la realidad. Esto y confesar que los índices actuales son falsos es lo mismo. ¿Quién se hace cargo del lado del gobierno de semejante confesión si esto es cierto? Se dirá seguramente que la base de cálculo o la ponderación no se han adecuado a la realidad actual y por eso deben cambiarse. ¿Pero es esta la razón por la cual el índice de precios al consumidor arroja en Capital cifras cuatro veces menores que en la mayoría de las provincias?

El crecimiento de la industria evidenció una sensible merma, alcanzando un magro 2,7% durante el mes de julio como consecuencia de las restricciones energéticas esencialmente. Si bien se ha anunciado que tales restricciones serán levantadas, el secretario Cameron ha anunciado que para el verano habrá necesidad de utilizar una mayor cantidad de combustibles líquidos, dado el bajo caudal de las represas hidroeléctricas.

En materia de fondos fiduciarios algo también habría que decir. Hay en estos momentos nada menos que 16 fondos, cuya creación comenzó en el año 1994. La mitad de ellos se crearon a partir del año 2000. Según información difundida por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el crecimiento, entre 2001 y 2007 sus gastos se incrementaron la friolera de un 6.000%. Estos fondos se crearon, todos, para un determinado fin. Como fácilmente puede colegirse, tal finalidad ha dejado de respetarse casi en todos los casos.

El fondo para el Desarrollo Provincial fue creado en 1995 y su objeto era el de dar asistencia financiera a las provincias en el marco del Pacto Federal de empleo, producción y crecimiento. La duración prevista era de dos años. Pero en sucesivas prórrogas se llegó a la actualidad, en que la fecha establecida de finalización es el año 2025 (¡!). Por su parte el fondo para la reconstrucción de empresas, fue creado en 2002 y tenía como finalidad la asistencia a financieras privadas afectadas por la crisis mexicana, a lo cual se agregó luego el salvataje de empresas endeudadas en dólares y que sufrieron los efectos de la megadevaluación. Según el estudio que estamos comentando, este fondo otorga subsidios al sector privado y cuenta con un capital de $ 1.306 millones. La información acerca de quiénes han sido beneficiarios no se encuentra disponible en informes del propio fondo o del Ministerio de economía afirmó el economista Gerardo Uña (diario La Nación 26/8/07).

El retraso de tarifas de servicios públicos y de precio de los combustibles ha provocado finalmente una crisis de escasez que no se resolverá con la política de agresiones y amenazas llevada adelante por el gobierno. Tampoco la inflación será detenida con el burdo manejo de los índices o con poco inteligentes controles de precios denominados eufemísticamente acuerdos. El proteccionismo que intenta exacerbar el lenguaraz ministro de economía provocará reacciones en cadena de parte de los países afectados (China especialmente), aumentos de los precios, escasez y merma de calidad.

El panorama decididamente no es bueno, y no se trata siquiera de una cuestión de ideología. El inmenso costo de proteger debe ser pagado, del mismo modo que es pagado el costo de la desprotección cuando no se adecua la economía a la regla básica de la eficiencia y se sobrevalúa el tipo de cambio. No se sale indemne de los exorbitantes costos de tanto subsidio y de tantas desgravaciones para disimular el verdadero precio de las cosas. Y esta realidad deberá ser afrontada en los próximos meses y años, sea quien fuere el nuevo presidente.

Un solo ejemplo más: ¿Qué pasará con los acreedores que no adhirieron al canje de la deuda?. Como se sabe la cifra supera largamente los 24.000 millones de dólares si se consideran los intereses devengados. Y esa cifra directamente ha sido borrada por las actuales autoridades (siendo ministro el Dr. Roberto Lavagna) del monto total adeudado. Es decir que se siguió el esquema del virtual pelito al campo. ¿Esto es realista, por decir lo menos?

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 24 de agosto 2007

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HÉCTOR BLAS TRILLO

economía y tributación

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