Gasto Público - Dólares

Resulta evidente que el Gobierno Nacional ha encarado el incipiente rebrote inflacionario mediante la ya clásica política de precios concertados. Esto es: lograr acuerdos sectoriales para bajar o sostener los precios de algunos productos dentro de parámetros "sociales", lo que equivale a decir accesibles para las clases más postergadas. A ello se suma un discurso en general acusatorio con relación al comportamiento empresario, que por supuesto colabora en punto a la búsqueda de concertaciones.

Esto significa decir, recurriendo a la lógica más elemental, que el Gobierno admite que estamos ante un problema de alzas en los precios e intenta corregirlo aplicando una metodología determinada.

Hemos venido sosteniendo que la inyección de moneda para mantener el dólar alto ha producido un impulso en los precios de gran magnitud. Y por otro lado hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que luego de dos años de crecimiento del PBI entramos en una especie de cuello de botella porque la necesidad de inversiones para atender la demanda adicional se encuentra con el escollo de lo que genéricamente podemos denominar falta de seguridad jurídica.

Si bien esperamos para este año un aumento considerable de las importaciones que contribuirá a disminuir el excedente de oferta de dólares provenientes de las exportaciones, no es menos relevante decir que el Gobierno sigue intentando restar circulante monetario mediante colocaciones en Lebacs, Nobacs, y otras medidas colaterales, como ser adelantar la devolución de los redescuentos otorgados a los bancos luego de la pesificación asimétrica. Asimismo, la extensión de plazos para liquidar exportaciones o la permisividad de cancelar anticipadamente financiamientos provenientes del Exterior apuntan a evitar la sobreoferta de dólares tanto como sea posible. Todo ello dirigido a un mismo objetivo: evitar o postergar tanto como sea posible la emisión de moneda dirigida a comprar los excedentes de dólares manteniendo así el tipo de cambio alto. A todo ello se suma la compra de dólares mediante recursos del tesoro, esto es, con el superávit que evita la emisión de moneda.

Lo cierto es que estamos ante un impulso inflacionario y el Gobierno evidencia tanto en el plano de la concertación como en las medidas monetarias que estamos mencionando a vuelapluma, un claro intento de corregir el problema. Cabe entonces analizar si estimamos que lo logrará.

Estamos en un año electoral y llevamos dos años en los cuales el gasto público creció cerca de un 60% aproximadamente respecto de 2002. Tenemos problemas con las tarifas de servicios públicos que siguen más o menos congeladas precisamente para evitar que se disparen aún más los precios, pero con el consiguiente daño a la política de inversiones en áreas como la energética. Existe la certeza de que tendremos dificultades para la provisión de combustibles durante el invierno. De hecho, ya se producen cortes con bastante frecuencia, sobretodo en el gas a nivel de industrias. Y también hay problemas con la energía eléctrica, que en parte debe ser generada con fuel oil importado por la baja cota de las centrales hidroeléctricas.

Reconocemos en este panorama nuestro particular escepticismo. Estamos ante un problema serio en un momento en que resulta difícil bajar el gasto público, precisamente por la cercanía de las elecciones. En rigor, que sepamos nada se ha hecho en la materia en estos años. Por el contrario se han creado nuevos planes de ayuda que sin dejar de reconocer su necesidad en muchos casos, provocan en muchos casos desvíos en la asignación de los recursos dado que su utilización dista de ser correcta, sobre todo cuando se encargan de ello organismos estatales o paraestatales, en lugar de hacerlo ONG, por ejemplo.

Mientras por un lado el Estado sale a ayudar a los sectores más postergados, por el otro se admite que la única forma de resultar competitivos es manteniendo retrasados los ingresos de la población contados en divisas. El dólar es caro, por ende la mano de obra es barata. De manera que a la ineficiencia tradicional argentina en materia de servicios que debe brindar el Estado, se suma la atención de problemas de grandes cantidades de personas indigentes.

No deja de ser una cuestión a mencionar este hecho. Si bien es razonable atender a quienes lo necesitan, ello tiene un costo, que se suma al gasto público total, obviamente.

Esto en materia pública. En la faz privada los empresarios no parecen dispuestos a arriesgar inversiones si no hay seguridades a mediano plazo por lo menos. Por lo tanto la eficiencia en este sector se encuentra circunscripta a lo que hay instalado, más un plus acotado y sumamente prudente.

En 2004 la inversión alcanzó al 18% del PBI, aproximadamente, cuando lo que se estima esperable para lograr un crecimiento sostenido que empalme además con las exigencias provenientes de la renegociación de la deuda, es del orden del 22% del PBI.

Digamos también que el PBI, medido en dólares valuados en torno de los $ 3.-, alcanzará alrededor de U$S 160.000 millones. Esta cifra es sumamente baja si se la compara con países como México, que pasa los U$S 600.000.-. De manera que aún en el caso de que las inversiones mantengan un crecimiento sostenido, estamos hablando de valores relativamente bajos en términos comparativos.

Yendo de lleno a la política de concertación de precios, es obvio que se trata de un paliativo tendiente a contener los efectos de la inflación, y su duración está demostrado históricamente que no es demasiado larga.

Es que está claro que la selección de productos a precios contenidos, provoca un incremento de la demanda de tales bienes, lo cual lleva al agotamiento de la oferta y la búsqueda de productos alternativos a precios seguramente superiores. De hecho, concertar precios implica evitar mediante recursos que podríamos llamar exógenos, su suba.

De manera que hay que tener muy en claro que este tipo de medidas nunca son de largo aliento. Cabe preguntarse entonces qué hará el Gobierno cuando los tiempos se agoten.

Es probable que en ese punto se resalte la lamentable política acusatoria que vemos cada vez con más frecuencia, especialmente mediante la Secretaría de Defensa del Consumidor, que no trepida en publicar solicitadas acusando a los empresarios de vender a precios abusivos y demás.

Si bien podemos colegir que no faltará quien efectivamente se abuse de una situación, lo cierto es que en el conjunto tenemos un problema inflacionario provocado por una política monetaria, y que este problema no se resuelve si no se encara una reforma de fondo que lleve a garantizar la juridicidad del sistema, juntamente con la aplicación de políticas tendientes a bajar el gasto público en serio, en todos los órdenes y sin trepidar. Es decir, exactamente lo contrario de lo que está haciéndose.

La recuperación de la economía ha provenido de la devaluación y del no pago de la deuda externa especialmente. Pero también se ha debido a la estabilidad pasada que hizo que la población confiara bastante en la moneda local. Ello permitió recuperar los niveles de producción de 1998 y en algunos rubros un poco más, inclusive. Y lo que está pasando es que el exceso de demanda, maximizado por las medidas tomadas en diciembre respecto de postergar retenciones de impuestos, anticipos y demás, ha ido agotando la capacidad ociosa heredada de la crisis. Es aquí donde es necesario un incremento rápido y sostenido de las inversiones, especialmente en el área energética.

Nosotros pensamos que tal como van las cosas, es muy probable que la tasa de aumento de los precios sea bastante superior a la prevista incluso por los economistas más enfrentados ideológicamente al Gobierno.

La esperanza de que se tome nota de esta tendencia y se modifique de plano su política, es francamente baja.

Reiteramos que estamos en un año electoral, y que el impresionante aumento del gasto público difícilmente sea revertido.

Nada indica, por otra parte, que esté pensándose en reformular el sistema tributario para ir eliminando impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones o a las transacciones financieras (impuesto al cheque).

En el plano internacional, la suba de las tasas por parte del Tesoro de EEUU hace presagiar una revalorización del dólar que en nada colabora en todo este proceso. El peso está subvaluado, como venimos repitiendo, y cuanto más se revalorice el dólar, peor.

Luego del canje de la deuda, el efecto default en materia de divisas va llegando a su fin. Comenzarán los problemas judiciales con los llamados "fondos buitre" que se han quedado con gran cantidad de deuda defaulteada y pretenden obtener un resultado superior al logrado por quienes adhirieron al canje. Esto significa que por un lado comenzarán a salir divisas para el pago de la deuda, aparte del incremento esperado de las exportaciones. Esto último tenderá a disminuir la sobreoferta de dólares para la segunda mitad

Todo ello dentro de un contexto inflacionario y también, probablemente, de conflictos sindicales y sociales por demandas salariales.

Buenos Aires, 28 de marzo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
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