El 21 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recayó en la causa “Aquino, Isacio C. Cargo Servicios Industriales S. A.”, decretó la inconstitucionalidad en abstracto del artículo 39.1 de la ley de Riesgos del Trabajo.

Desde la sanción de la ley 24557, se manifestó que la validez constitucional del artículo 39 de la ley 24557 se encontraba cuestionada porque derogaba el derecho de los damnificados a una reparación integral del daño, siendo imposible de disimular el hecho de que vulneraba garantías constitucionales, de suerte tal que su supervivencia al control judicial difícilmente pudiera garantizarse; y que un subsistema de responsabilidad, por el sólo hecho de serlo, no resultaba siempre constitucional.