Salario Mínimo

En este trabajo deseamos exponer nuestra visión respecto de la fijación de salarios mínimos y su relación también con los controles de precios, con el ánimo de poder reflexionar acerca de la utilidad de este tipo de medidas en el marco de una economía que debe estar en equilibrio para funcionar de modo eficiente.

Somos plenamente conscientes de que abocarnos a un tema como la discusión acerca de las bondades del salario mínimo puede no resultar para nada simpático. Probablemente incluso aparezca como políticamente incorrecto y en definitiva entre dentro de los parámetros de aquello que no resulta popular para los cánones con los que se maneja la cotidianeidad política y económica en la Argentina.

Sin embargo queremos hacer un breve análisis de esta cuestión, porque a nuestro entender conforma una de las tantas distorsiones que impiden a la economía funcionar de un modo más eficiente, tal como ocurriría en la medida en que puedan alcanzarse niveles de equilibrio.

En primer lugar hablaremos del marco de referencia. Que se junten unas cuantas cámaras empresarias y unos cuantos sindicatos a resolver los salarios mínimos de una comunidad de 24 provincias y 40 millones de habitantes resulta de por sí bastante alejado de la lógica. Por un lado tales cámaras representan por así decirlo a grupos empresariales que de ninguna manera conforman el todo en la rama de actividad en la que se ocupan. Del mismo modo, los sindicatos, asociados dentro del esquema de la personería gremial que el Estado otorga a la agrupación con mayor cantidad de afiliados por rama de actividad no parece ser un genuino círculo de representación.

No pretendemos aquí descalificar a ningún grupo o sector, pero lo cierto es que no todo el mundo desea afiliarse a un sindicato oficializado y no todo el mundo que está coercitivamente afiliado desea estarlo. Igualmente no todos los empresarios adhieren a las cámaras que supuestamente habrán de representarlos, por las razones que fueren. Además de ello, también se da el caso de que cuando se arman estos Consejos Salariales, no son pocos los sindicatos y las cámaras que quedan fuera de la discusión por razones diversas, pero en general políticas.

De manera que el primer aspecto, esto es el de la representatividad sectorial, dista conformar la universalidad deseada.

La experiencia indica que cuando los salarios mínimos se fijan en montos que ciertos y determinados empresarios de pequeña o mediana envergadura no pueden pagar, se genera un mercado negro de diversas características, que incluye desde emplear gente por media jornada hasta directamente no tener a los trabajadores en la nómina.

Cabe aquí recordar que la reforma constitucional del año 1957 incluyó un artículo 14 bis en el que se dispuso la fijación del salario mínimo vital y móvil, y que también en ese artículo se estableció que la remuneración debería ser igual cuando la tarea fuese la misma. Sin el ánimo de discutir en qué casos puede determinarse exactamente que una tarea es exactamente la misma que la otra, cabe discernir acerca de las diversas promociones en determinadas zonas, con quitas en aportes de los trabajadores o fijaciones de tasas diferenciales, como ocurre por ejemplo en Tierra del Fuego. Mucho se ha discutido sobre este punto, para concluir finalmente que la remuneración deberá estar acorde con la región del país de que se trate, debido a que los gastos necesarios para vivir no son los mismos, por ejemplo. O no lo son las distancias, etc.

Lo cierto es que la igualdad en la remuneración para igual tarea es una entelequia de la cual los propios sindicalistas (los petroleros, por ejemplo) hace rato que han dejado de sostener. Y la igualdad en los salarios básicos se choca con la realidad de que un mecánico calficado gana el triple en una gran empresa con relación a lo que puede ganar en un taller de barrio. Es tan sencillo como eso.

Pero el tema de fondo es por qué la fijación de salarios mínimos constituye una aberración económica que se vuelve insostenible. Porque si hay algo que entendemos debería estar fuera de discusión dado lo acontecido en más de medio siglo a este respecto, es que los tales salarios mínimos no garantizaron jamás un nivel mínimo de vida para amplias capas de la población. Los índices (los reales y los ficticios del INDEC) de pobreza e indigencia muestran claramente que ningún piso salarial ha podido cambiar el curso de las cosas. Y ni qué hablar de las jubilaciones, donde el grado de ridiculez de la fijación de porcentajes impagables por ausencia de recursos ha llevado de crisis en crisis a planes de emergencia alfonsinistas jamás cumplidos y a bonos del Estado que aumentaron la deuda externa tratando de cumplir en tiempos de Cavallo (los famosos Bocones Previsionales).

Si estuviéramos en una economía de trueque, es decir si no existiera moneda de curso legal y forzoso, resultaría evidente que no es posible aumentar para miles y miles de personas la cantidad mínima de bienes que habrán de recibir por mes de trabajo, a menos que tales bienes les sean restados a otros . La única manera de que todos aquellos trabajadores que reciben un aumento para llegar al nuevo estadio del salario mínimo, habrían de recibir así más bienes que los demás deberían resignar . Y cuando decimos los demás, decimos todos los demás. No pretendemos distinguir aquí si los demás son trabajadores o son empresarios, o son ambos. En realidad son ambos, pero cuesta explicar siempre un poco más cuando quien debe resignar bienes es un empresario, porque lo políticamente correcto será decir él puede. Sí, puede. Seguramente puede. Pero la cuestión no es tan simple como se pretende en general hacer creer. Sigamos en el marco de una economía monetizada como la actual.

La gente de menores recursos demanda bienes de consumo masivo antes que aquellos bienes más o menos de categoría que pueden demandar quienes están en los escalones más elevados de ingresos. Pero antes que eso lo que verdaderamente ocurre es que una cuña legal ha decidido cambiar la ecuación presionando sobre la demanda de ciertos bienes.

El nuevo punto de equilibrio va a llegar de todos modos. Las personas con ingresos superiores no se verán tan afectadas pero estarán resignando parte de los bienes que pueden adquirir a menos que lleguen primero a comprarlos o que éstos sean tan abundantes como para haber bajado de precio antes de la suba del salario mínimo. Y la verdad es que si un bien le resulta necesario a una persona con mayores ingresos, intentará adquirirlo igualmente, y tratará de hacerlo antes de que tal bien se agote. Como ocurre con las entradas a un partido de fútbol importante.

La persona cuyo salario mínimo se ha elevado verá entonces que de poco le sirve su nueva remuneración. O los bienes que pretende adquirir se agotarán o subirán su precio. O ambas cosas. O aparecerá un mercado negro más caro.

Todo esto que damos como ejemplo ocurre porque los bienes y servicios se venden y adquieren en un momento determinado a un cierto precio de equilibrio que solamente se mejora (en términos de permitir mayor adquisición) mediante eficiencia e incremento en su producción. No es la demanda inflada artificialmente con aumentos de sueldos por decreto la que produce bienes, sino el capital y la teconología.

Es por esa razón que luego de 50 años, el salario mínimo vital y móvil no ha servido jamás para nada.

A todo esto debemos agregarle el efecto inflacionario, que hasta aquí no lo mencionamos. Porque la suba de precios de bienes que normalmente adquirirían las personas de menores recursos podría compensarse con una baja en los precios de otros bienes, a menos que en conjunto el Estado decida aumentar la cantidad de moneda circulante y entonces, a igual cantidad de bienes, haya mayor cantidad de moneda para que todo suba, dando lugar a lo que conocemos como inflación.

Las empresas, es decir quienes deben pagar los nuevos sueldos, ven incrementados sus costos. Si no se inyecta mayor cantidad de moneda, tales empresas deberán volverse más eficientes o dejarán de ganar o pasarán a ganar menos, o subirán sus precios cosa a lo que el gobierno se opone mediante congelamiento o fijación de precios máximos . El primer escenario, es decir volverse más eficientes, requiere inversiones para las que en principio hacen falta ganancias, que en el esquema de suba de salarios por decreto y precios máximos se ven disminuidas. Además de ello, la intervención del Estado en la fijación de remuneraciones y precios produce incertidumbre respecto del futuro. De tal manera que con menos ganancias y mayor incertidumbre no han de ser tantos quienes decidan invertir en nuevas tecnologías para producir más y satisfacer la demanda. Más bien se dedicarán a producir lo mismo y si se termina mala suerte. Ganarán menos y se generará la llamada stagflation por el desincetivo provocado por la injerencia política en precios y salarios.

Las determinaciones de pisos de salarios y los controles de precios no afectan únicamente a empresarios privados y a sus empleados, sino que también afectan (e inclusive más) a la administración pública.

En general se producen retrasos en los ajustes de salarios producto de la retracción en los montos de recaudación que provocan los congelamientos de precios. También puede ocurrir, como sucede en estos últimos años, que pese al aumento de la recaudación producto de la inflación y de los incrementos de precios de las commodities en el Exterior, el dinero sea destinado por el Estado a otros fines. De tal modo, la administración nacional, y especialmente las provinciales y municipales se ven en figurillas cuando les llega el momento de ajustar los salarios mínimos. Esta situación provoca endeudamientos, dependencia del poder central en el caso de provincias y municipios, e inclusive termina desembocando en quitas en los montos abonados, postergaciones en los pagos, pagos en bonos o cuasimonedas , etc.

En una economía que funciona más o menos libremente los sueldos quedan determinados por factores propios de la actividad de cada empresa o grupo. La mayor eficiencia de una fábrica de gaseosas respecto de otra, puede dar lugar a diferencias salariales importantes.

La mejora de la productividad no sale de ninguna oficina ni de ningún grupo de encaramados en el poder con facultades de decidir sobre las relaciones laborales de millones de personas. Sale de la iniciativa de particulares y empresas, privadas o públicas, en un marco de seguridad jurídica y de respeto a las leyes.

No estamos diciendo que los salarios no deban subir, sino al contrario. Sostenemos que con inversiones y con tecnología, en un marco de respeto a la ley, los salarios suben porque el país se desarrolla y mejora su nivel de eficacia. Eso es lo que ocurre hoy en día con países de nuestro subcontinente como Chile, Brasil o Perú.

No hemos querido en todo el desarrollo del comentario, impregnarnos de la situación política imperante, cargada de situaciones y personajes fácilmente descartables si se pretende asumir una responsabilidad técnica en el destino económico del país. Entendemos que estos temas hay que tratarlos y que hay que hacerlo seria y civilizadamente.

El peor escenario es el de aquellos que postulan que desde despachos oficiales puede decidirse el grado de bienestar de la población o de un sector determinado. Las pruebas están a la vista. El deterioro que viene produciéndose en la inversión, en los niveles salariales reales, en los valores reales del superávit fiscal, y en general en las cuentas públicas nos exime de mayores explicaciones.

Un lector crítico podrá decirnos que tal vez sea peor si no se hace lo que se hace. Nuestra respuesta es en tal sentido por demás elocuente: en casi 60 años de intervencionismo, de supuestas mejoras decretadas, de planes de ayuda, de intentos de atención a los más humildes y varios etcéteras, tenemos un país postrado y atrasado comparativamente, endeudado y con una tecnología claudicante respecto no de Japón o de EEUU, sino de Chile o de Brasil.

Y en verdad de poco han servido las postulaciones quiméricas respecto de las igualdades de oportunidades y los criterios distribucionistas que sólo han servido para crear una enorme pléyade de gentes que terminan humilladas por los gobernantes, quienes sonrientes y con palabras cariñosas y aduladoras, bajo el sonar de alguna melodía lastimera, afirman que ellos se ocupan de nuestros abuelos , y de la mesa de los argentinos . O también de nuestros pibes . MIentras hospitales, escuelas, sistemas de jubilaciones, seguridad pública y demás no hacen sino deteriorarse a extremos insoportables ante la evidente inacción de tales gobernantes. Más dedicados a su publicidad personal que a atender los manuales técnicos que dicen dónde debe operarse para lograr un mayor bienestar de la población.

La tarea es enorme, lo sabemos. Pero hay que empezar a realizarla. Muchos de nuestros lectores recordarán aquellos intentos de reforma del Estado que se repetían en el año 2002, en la gestión de Eduardo Duhalde. O aquellas mesas de diálogo entre los argentinos. Y tantas otras ecuménicas resoluciones tendientes a abaratar el costo de la vida (auto económico, pan porteño., canasta navideña, canasta de Pascuas, cortes populares de carne, etc. etc.)

La verdadera ecuación comenzará a cerrar cuando la Argentina, seriamente, se haga cargo de sus obligaciones, se apegue a la ley y a la Constitución, se basamente en el Estado de Derecho. Y permita trabajar con tasas de impuestos razonables, acordes a la real capacidad contributiva.

Podríamos recomendar, para concluir, el famoso ensayo titulado Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853, escrito por Juan Bautista Alberdi, publicado por primera vez en 1854

De ese texto, transcibiremos un párrafo que entendemos debería ser considerado seriamente por la inmensa mayoría de la llamada clase política: Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico un auditorio. La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad y de la propiedad, porque sería preciso que para dar a unos lo quitase a otros; y semejante ley no podría existir bajo el sistema de una Constitución que consagra en favor de todos los habitantes (ciudadanos o no) los principios de libertad y de propiedad como bases esenciales de la legislación

Entiéndase, no es que Alberdi no quisiera que todo el mundo trabaje y ganase un buen sueldo, sino que afirmaba que ésto no puede garantizarse . Y eso es obvio de toda obviedad, como lo hemos comprobado sobradamente a lo largo de toda nuestra historia.

Buenos Aires, 30 de julio de 2008 &n bsp; DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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