Política Fiscal

Los ejemplos sobran: desde los llamados impuestos distorsivos, como las retenciones a las exportaciones o el impuesto a las transacciones financieras, hasta las exacciones provinciales que en muchos casos terminan en verdaderos shows mediáticos, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires, pasando luego por las tasas de abasto y otros impuestos y gabelas varias de carácter municipal, se suman a lo largo y a lo ancho de todo el país, prácticamente.

La voracidad fiscal parece no tener límites. Desde el poder político y en general desde los medios de difusión, se insiste en la necesidad de combatir la evasión, sin distinguir que dentro de quienes no pagan no solamente están los evasores que cometen delitos como la defraudación fiscal, sino también morosos por razones diversas, entre las cuales sin ninguna duda se encuentra la dificultad de pagar y es por ello que el propio Estado a través de la AFIP posterga una y otra vez el Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA) para incitar al menos a la regularización de deudas. Claro que bajo la espada de Damocles de los embargos de cuentas bancarias, en muchos casos sin que el contribuyente hubiera recibido notificación fehaciente con antelación.

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El tema es realmente serio. En materia legislativa, los llamados “planes antievasión” contienen una importante cantidad de presunciones que pueden derivar en la aplicación de la ley penal tributaria, por ejemplo, siendo que desde siempre un proceso penal debe basarse en hechos objetivos y concretos, y no en supuestos, por más razonables que fueren éstos y por más que las leyes tributarias los contengan.

El combate de la evasión, es decir: de las defraudaciones de toda índole que normalmente se suscitan no puede ni debe dar lugar a arbitrariedades. Seguramente en esto coincidiremos todos.

Pero el mensaje que llega al público en general es que quienes no pagan impuestos son siempre evasores, lo cual manifiestamente es erróneo y probablemente no sea inocente.

El hombre común piensa de inmediato en facturas apócrifas o ventas o empleos en negro, cuando en realidad dentro de los contribuyentes registrados, es decir, dentro de quienes están “dentro del zoológico”, como ha dicho el secretario de Ingresos Públicos, el porcentaje de evasión no es tan alto, sobre todo si se toma en cuenta que las grandes empresas en general, principales contribuyentes del sistema, suelen trabajar dentro de la legalidad. Y quienes están fuera del sistema difícilmente pasen a estar dentro de él si la acción fiscalizadora se centra únicamente en el “zoológico”, para insistir con la metáfora del Dr. Abad.

El abundamiento de modificaciones legales en las cuales se “adjetivan” los supuestos de infracción, tiene también lo suyo a la hora de analizar la forma de legislar. Es común en las reformas recientes que aparezcan adjetivos calificativos de las infracciones, como por ejemplo hablar de “graves deficiencias” en la registración, lo cual deja en manos del campo judicial el justiprecio de qué cosa es grave y qué cosa no dentro de la misma falta. Y según lo sea, la sanción será más o menos importante.

En el transcurso del mes de junio la recaudación a nivel nacional superó los 11.054 milones de pesos, bastante más de lo previsto, que rondaba los 10.000 millones como máximo. Esta cifra representa un incremento del 16,8% si comparamos contra junio de 2004. Muy por encima, obviamente, de la tasa de inflación si medimos el mismo período y aproximándose, en todo caso, a la suma de dicha tasa más el incremento del PBI. El total recaudado en el primer semestre llega casi a los 57.800 millones de pesos, los cuales representan un 17,9% más que lo recaudado en el primer semestre de 2004. Recalcamos que estas cifras corresponden a la recaudación a nivel nacional, es decir de la AFIP. Impuestos nacionales, tributos aduaneros y aportes y contribuciones provisionales. A ello hay que sumar las recaudaciones provinciales por impuestos tales como ingresos brutos, inmobiliario, sellos tasas y contribuciones varias tanto provinciales como municipales Y dentro de éstas últimas las “innovaciones” que señalábamos al comienzo.

Desde el punto de vista de un Estado necesitado de superávit el resultado puede considerarse más que halagüeño. Pero no podemos dejar de ver los aspectos negativos que la tributación superavitaria genera en el funcionamiento macro y macroeconómico.

Naturalmente que el pago de impuestos ocasiona una merma en la demanda de bienes y servicios y afecta a las inversiones, en tanto y en cuanto el Estado utiliza parte del superávit para adquirir dólares y evitar que el tipo de cambio baje de los niveles en que se encuentra, con los efectos sobre el déficit cuasifiscal y el impulso inflacionario que reiteradas veces hemos comentado.

Desde el Ministerio de economía ha trascendido que los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias no serán modificados, pese a que los montos resultan hoy por hoy ridículos teniendo en cuenta la enorme devaluación operada en el peso. Del mismo modo, los balances de las empresas, que se han ajustado por inflación para reflejar los efectos de la crisis acontecida, siguen manteniendo los valores históricos para fines fiscales, originando ganancias ficticias en muchos casos de gran magnitud. Y aquí se da la curiosidad de que pese a que el ajuste por inflación impositivo sigue prohibido por la Ley de Convertibilidad, no ocurre lo mismo cuando el balance a considerar el que determina el Impuesto sobre los Bienes Personales (figura del Responsable Sustituto) que deben abonar los accionistas sobre sus tenencias a valor patrimonial proporcional.

Las dificultades para obtener reintegros en lapso razonable, la falta de equidad entre las tasas de interés aplicadas por mora versus las que se consideran para la repetición de impuestos, los adelantos que constituyen los llamados anticipos, las retenciones y percepciones y el impuesto al cheque (transacciones finacieras) origina costos financieros que no están reflejados a la hora de analizar la presión fiscal tomando en cuenta únicamente las tasas que se aplican. No es lo mismo abonar un impuesto en el mes de abril de 2006, que haberlo abonado prácticamente en su integridad durante el año 2005 en forma de anticipos, retenciones y demás. Si consideramos que el propio Estado ofrece Lebacs a tasas de interés que se suman al CER podemos fácilmente establecer una diferencia anual del orden del 10 o 12% sobre los montos pagados anticipadamente. Es decir que sin entrar demasiado en detalles, abonar antes implica pagar bastante más, y tal diferencia no es reconocida por el Fisco al momento de pagar el saldo.

El desarrollo en profundidad de un tema como el que planteamos en este artículo, excede largamente la intención que nos lleva a escribirlo. De lo que se trata es de tomar real conciencia y dimensión de dónde estamos.

Hay que tener en cuenta que el Estado, en ejercicio del poder de policía, tiene todo el derecho de fijar impuestos, tasas y gabelas, como también lo tiene de establecer una política económica y una sana asignación de los recursos. Podríamos decir que tiene el derecho y también tiene el deber.. Pero precisamente por ello la razonabilidad y la no confiscatoriedad deben privar a la hora de tocar el bolsillo de todos los habitantes del país, amén de esforzarse por brindar servicios acordes con la recaudación, en punto a mejorar la eficiencia y evitar la duplicación de gastos que significa que la población deba recurrir a entes privados para lograr una mejor educación para sus hijos, una mayor seguridad para sus hogares y una mejor atención de su salud.

No se alcanza a entender, por ejemplo, por qué a la Secretaría de Ingresos Públicos no le sucede una Secretaría equivalente que vigile los egresos. Por qué no se establecen auditorías con la necesaria independencia para controlar las erogaciones nacionales, provinciales y municipales. Hay reconocidas instituciones, como los colegios y consejos profesionales, que podrían aportar lo suyo en la materia, evitando de ese modo las suspicacias y las realidades que implican los organismos públicos encargados de tales funciones, que por supuesto dependen del poder político.

Otra cuestión que también debería ponerse sobre el tapete es la de la coparticipación federal. Más allá de la postergadísima instrumentación, está en juego el federalismo que quedó sentado en la propia constitución de 1853. Como se sabe, la recaudación de impuestos debería estar a cargo de las provincias y no de la Nación, como ocurre desde los años 30. Cabe recordar que impuestos como el de las ganancias son “de emergencia”, precisamente por ese hecho: porque deberían ser provinciales. A la coparticipación se le ha sumado en los últimos años un rubro conocido en general como “ATN”, sigla que significa “adelantos transitorios de la Nación”, que a estas alturas adolecen de un alto grado de arbitrariedad, en donde entran en juego factores políticos casi con toda seguridad.

Si bien desde el gobierno se reitera la necesidad de que los contribuyentes soliciten sus facturas y hasta se ha instaurado la figura del “agente encubierto” para tratar de detectar comerciantes que no entregan tal documento en regla, lo cierto es que una parte de la economía funciona en negro y cualquier entendido sabe que si pasara de la noche a la mañana a funcionar en blanco se produciría un verdadero parate, por transformarse en insostenible la presión fiscal.

Mencionar estos aspectos, cosa que normalmente no vemos en los medios, nos parece de gran importancia en tren de analizar hacia dónde vamos.

Todo el mundo sabe que una reforma del Estado es una tarea por demás postergada. En algún momento hasta se habló de reformar nuevamente la Constitución para poder ajustar algunas cuentas, volver al federalismo electoral y terminar con figuras como la del llamado “tercer senador”. Ciertas instituciones vinculadas al estudio de factores económicos tienen desarrollados trabajos sumamente detallados y profundos respecto de la manera de encarar una reforma que vuelva razonable y virtuosa la gestión pública. La necesidad de encarar tal reforma entendemos que no escapa al criterio de nadie, más allá de que no haya acuerdo sobre qué reformar y cómo hacerlo.

El Estado de derecho en la república debe centrarse en la necesidad de recaudar impuestos dentro de la razonabilidad y bajo criterios de justicia basados en la Constitución, y por ende en la equidad y en la igualdad. Es imprescindible que el Estado exponga en qué gasta el dinero que con tanto esfuerzo acercan los contribuyentes, del mismo modo que es fundamental mejorar la asignación de recursos para volver más eficiente la economía.

La devaluación de comienzos de 2002 ha otorgado al Estado un “colchón” de notable importancia, cuya contrapartida ha sido la baja general de los valores en moneda dura de patrimonios, ingresos y sueldos de toda la población. El Estado ha asumido el compromiso de utilizar parte del superávit en atender los planes de ayuda a los necesitados, pero es obvio que un criterio de transparencia implicaría poner en manos de entidades de bien público independientes del poder político tal distribución.

Se sabe que el gasto público ha subido considerablemente, y en un año electoral es posible que ciertos desajustes en la materia se produzcan, habida cuenta la experiencia.

Es incomprensible que todavía no tengamos una legislación aceitada y concreta sobre la forma de financiamiento de los partidos políticos, como también lo es que sigamos con las listas sábana o nuevamente dejemos de lado las llamadas internas abiertas que posibilitarían por lo menos un soplo de aire fresco a tanto aparato partidario.

Indudablemente, hablar de estos temas implica incursionar en política. Pero es que la política cuesta dinero y el uso racional, austero y sobre todo equitativo del dinero público es esencial.

Luego de la crisis, el país ha venido sosteniéndose por el colchón devaluatorio, los costos de producción devaluados, la sustitución de importaciones por la subvaluación del peso, y las ganancias de los exportadores por la misma razón, pese a que las retenciones a las exportaciones agrarias oscila el 23,5% bruto del valor total.

Las promociones industriales, de triste historia, pretenden lograr las inversiones que no vienen por sí solas como debería ocurrir. El costo de tales promociones recae sobre toda la población, exacerbando aún más la presión tributaria sobre los sectores que pagan sus impuestos.

Consideramos que es importante señalar estos puntos, por lo menos desde nuestra experiencia profesional de tantos años. Es importante y no pretendemos con ello vincularnos a concepciones políticas de ninguna índole.

Que el país funcione dentro de un marco de seriedad, responsabilidad, equidad y sobre todo eficientemente y respetando las leyes está en la esencia del crecimiento a largo plazo que tanto hace falta.

Abandonar ciertas prácticas no es sencillo, pero mientras no se abandonen, el futuro no nos deparará los logros que todos esperamos.

La voracidad fiscal debe ceder paso a la razonabilidad antes de que sea tarde.

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
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